Programa UP: 9 Medio Ambiente

No hay habitantes sanos, territorios sanos, futuro, ni soberanía si no detenemos con lucha y propuestas el avance del capital, nacional o extranjero. Consideramos nuestro deber enfrentar, en todos los planos donde la UP se manifiesta y actúa, el avance del modelo extractivista promovido por los últimos gobiernos como política de Estado. Esa política de Estado que llama a “la inversión extranjera” a instalarse en nuestro país, preparando el terreno a través del discurso oficial, de la firma de tratados de protección de inversiones y de comercio.

De esta manera creemos, en principio, de suma importancia los siguientes temas:

9.1-ANULAR la nueva Ley de Riego y defensa de la Reforma Constitucional de 2004.

9.2-Anular el contrato firmado para la instalación de UPM2. Revisión de toda la legislación referida a la promoción de la política de forestación, que solo sirve a las pasteras UPM y Montes del Plata. Revisión de los contratos que aseguran impunidad en materia de contaminación. No se deben reducir las áreas destinadas a ganadería y agricultura para destino forestal.

9.3-Proponer la anulación inmediata de las autorizaciones para el cultivo y comercialización de nuevos eventos OGM de soja y maíz (diciembre de 2017) y el respectivo paquete de agrotóxicos. La autorización fue votada en contra en el Gabinete de Bioseguridad por el MSP y el MVOTMA -DINAMA.

9.4-Revisión de toda la legislación y normas referidas al paquete tecnológico de los transgénicos: siembra directa, semilla transgénica y paquete agrotóxico, uso de zonas francas para la exportación, etc. Entendemos que hay que actuar rápidamente para revertir los daños ya causados en la salud humana, el agua y la tierra. Impulsando con esfuerzo y política de Estado una agricultura sustitutiva hacia la reconversión de agricultores, tendiendo a la agroecología y la producción limpia y diversificada.

9.5-Impulsar en el Parlamento el proyecto de Ley que prohíba el uso, importación y producción, en todo el territorio nacional, de los agrotóxicos reconocidamente nocivos para los polinizadores en general.

Trabajar con apicultores para dar solución a la pérdida de colmenas y pérdida de la calidad de la miel ocasionada por el uso de plaguicidas y la presencia de agrotóxicos y polen de organismos OGM en la miel.

9.6-En lo inmediato la aplicación del Codex Alimentario (por la cantidad de químicos que abarca) y de las Normas Europeas (porque se limitan drásticamente las cantidades de químicos presentes) y la prohibición del uso de los agrotóxicos considerados tóxicos peligrosos. Análisis del espectro total de plaguicidas usados en la región en muestras representativas de todos los alimentos usados, sus resultados deben ser de conocimiento público, deben ser realizados por laboratorios certificados y debe constar con una trazabilidad que permita llegar a su origen. Priorizar la población más vulnerable como niños y embarazadas y centros de atención a la salud. Alimentarse sin plaguicidas debe ser un derecho.

9.7-Aplicar el Principio Precautorio del que Uruguay es firmante. Poner en práctica dicho principio limitando y/o prohibiendo cualquier práctica agrícola y ganadera que ponga en riesgo la salud humana, el agua, la tierra y la biodiversidad. Impulsar desde el MSP una política de epidemiología y seguimiento de la población ya afectada por contaminantes. Exigir la “Historia clínica ambiental” y proveer al CIAT y hospitales la tecnología necesaria para la detección de contaminantes en el organismo de las poblaciones de riesgo.

9.8-Conflicto de intereses: en todo estudio y proyecto de un emprendimiento con riesgos ambientales se debe quitar de la toma de decisiones a las partes interesadas. Asegurando la total independencia de quienes hagan las evaluaciones.

9.9-Delito ambiental: debe ser penado como delito y no como una falta, dado que para los mega emprendimientos y las empresas y/o productores que contaminan es muy fácil el pago de multas o la evasión legal por largos juicios.

9.10-El Gabinete de Bioseguridad Nacional: no debe estar compuesto por partes interesadas. Se propone cambiar la composición de este organismo. En el nuevo Gabinete el MSP, la DINAMA y la UDELAR tendrán poder de veto, con el objetivo de priorizar el cuidado de la población y el territorio por sobre los intereses de lucro. Quitar de dicho comité al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Relaciones Exteriores, que quedarían únicamente con el rol de consultores.

9.11-PARLASUR: Formar un comité ciudadano para que entre sus pares de otras naciones se estudien temas ambientales como: acuífero Guaraní, uso de transgénicos y plaguicidas. Tomar políticas ambientales como regionales.

9.12-Autorización ambiental previa: establecer mecanismos más eficientes para la autorización ambiental de proyectos medianos y grandes que puedan afectar el ambiente.

9.13-Prohibir la exportación de insumos animales donde se ponga en juego el sufrimiento animal y la exportación de hormonas a costa de un sufrimiento de animales gestados.

9.14-Salvaguardar la vida de nuestros ríos y el océano, cuidado de playas y de fauna autóctona. Se pide que sea delito la venta, captura y tenencia de fauna autóctona. El agronegocio también está desplazando fauna y polinizadores.

9.15-Bosque nativo. Hacer cumplir las leyes existentes tanto para instituciones privadas como estatales.

9.16-Fortalecer a través de incremento presupuestal la capacidad de la UDELAR para investigación y búsqueda de soluciones en asuntos ambientales. Dotar de recursos a ámbitos universitarios, técnicos y colectivos de productores orgánicos para el desarrollo y producción de insumos de control biológico de plagas.

9.17-Derogar en su totalidad el Decreto Nro 115/018 del Poder Ejecutivo, que reglamenta la Ley de Recursos Hidrobiológicos (Nro. 19.175 de diciembre 2013). Este decreto prohíbe la investigación científica sobre recursos hidrobiológicos y el análisis de las agua en el territorio nacional y prohíbe la divulgación de datos sobre la calidad del agua.

9.18- Prohibir la instalación en territorio nacional de basureros de residuos radiactivos.

9.19- Prohibir el desarrollo de formas de explotación de hidrocarburos, como el llamado “fracking” (fractura por hidrólisis) por tener un impacto altamente contaminante del medio ambiente y nocivo para las comunidades circundantes.

9.20- Rechazar proyectos como el de la Regasificadora de Puntas de Sayago, dado que son nocivos para el medio ambiente marino circundante y su biodiversidad, así como riesgoso por la proximidad a la costa.

9.21-Nacionalización efectiva de los recursos minerales y del subsuelo.

9.22- Cuencas y recursos hídricos.

El artículo 47 de la Constitución de la República, en materia de agua, considera las cuencas hidrográficas como unidades básicas a los efectos de su gestión planificación y control, lo que obliga a tener una visión diferente desde lo territorial, de la problemática del agua en relación a la cuenca y a sus usos.

En primer lugar tenemos que partir de comprender que los problemas de la calidad de nuestros recursos hídricos tienen que ver con lo que pasa en las cuencas, lo que está directamente vinculado con el modelo de desarrollo productivo prevaleciente en nuestro país, al agro-negocio y al monocultivo sojero y forestal. Sumado a la falta de control e incumplimiento de las normas legales medioambientales.

En general, la problemática de las cuencas hidrográficas surge de la competencia entre los diferentes usos (agrícola, ganadero, navegación, pesca, industrial, energía eléctrica, uso doméstico, recreación, etc) y la dinámica del escurrimiento (volumen de agua de lluvia). Como el agua es un recurso escaso y finito nos obliga a planificar sus usos en términos tanto cuantitativos como cualitativos estableciendo una jerarquización, dando preferencia al consumo humano y a la preservación del recurso, cuestiones que están ya establecidas en la Constitución de la República.

A partir de la planificación es necesario un ordenamiento de los usos del suelo lo que implica la selección y promoción de usos que aseguren una buena productividad y permitan responder a las necesidades de conservación de los recursos hídricos a nivel de todas las cuencas.

Es importante atender también la irregularidad de los caudales, del escurrimiento, para ello se debe determinar cuáles son los factores dentro de la cuenca susceptibles de manejar favoreciendo la regularidad del escurrimiento (obras hidráulicas).

La participación de la sociedad civil en los Consejos de Cuenca debe ser vinculante como lo establece la Constitución de la República y no un Órgano Asesor como lo formula la Ley de Políticas de Agua.

Se deben asegurar mecanismos de participación real en la planificación, gestión, y control de los recursos hídricos como forma de garantizar la calidad de nuestros Recursos Hídricos.

Expropiación de predios de cosecha de agua.