En nuestro país se torna cada vez más necesario para el pueblo de Artigas, levantar un programa de liberación nacional y de profunda justicia social, para resolver el crónico problema de la dependencia que estrangula nuestra economía, atrofia nuestro desarrollo económico y social en pleno siglo XXI y agrava la explotación de los trabajadores y de los recursos naturales del país.

Las enormes expectativas de cambio del pueblo uruguayo que alentaron a dejar a los partidos tradicionales de lado y permitieron que el Frente Amplio llegara al gobierno, en tres oportunidades, 2005-2020, se vieron frustradas por el continuismo, o sea por mantener en lo fundamental la política de los gobiernos de los partidos tradicionales.

Se mantuvo la sujeción a la división internacional del trabajo que impone el imperialismo capitalista a través del FMI, BM, etc. Hubo un gran incremento de la deuda pública, de las privatizaciones y de las subvenciones y exenciones a la inversión extranjera, lo que ha provocado serios problemas a la producción nacional, especialmente a los trabajadores y a la pequeña producción agropecuaria e industrial, que dependen principalmente del mercado interno.

Es así que esos años fueron de constante agresión al medioambiente y de apropiación de los recursos naturales por parte de los monopolios forestales y sojeros.

No se cumplieron las promesas de aumentos salariales que recuperaran rápidamente lo perdido en la crisis del 2002, un 40%, recuperación que se logró luego de 10 años y en base a duras luchas sindicales. Esto más la desprotección de la pequeña y mediana producción nacional y la falta de inversiones en la salud, vivienda y educación popular, llevaron a un verdadero desencanto de los sectores populares que buscaron con el FA un cambio en serio en la vida del país. El que no haya podido concretarse esto generó las condiciones para el triunfo de la coalición de las derechas en el 2019.

El gobierno de Lacalle Pou al frente de la coalición, inmediatamente, incluso ya en pandemia, realizó un tremendo ajuste limitando un 15 % la ejecución del presupuesto en gran parte del estado y bajando la reposición de vacantes a uno de cada tres trabajadores. A partir del presupuesto quinquenal y las sucesivas Rendiciones de Cuentas, este ajuste se profundizó favoreciendo las privatizaciones y tercerizaciones en el estado.

La LUC con sus casi 500 artículos fue parte fundamental del embate reaccionario, neoliberal y entreguista, con 120 artículos represivos y punitivos, con limitaciones graves a las libertades sindicales, especialmente prohibiendo las ocupaciones y los piquetes herramientas fundamentales de presión en la lucha reivindicativa y por la defensa de las fuentes de trabajo. Contuvo 80 artículos directamente en contra de la Educación Pública y de la participación de los docentes en sus organismos de dirección. Esta ley fue enfrentada por un Referéndum popular que no logró su objetivo pero que sí logró nada menos que 1.108.360 votos, el 49%.

Para combatir la pandemia este gobierno servil al capital financiero y los monopolios, apoyándose en la mayoría oportunista de la dirección del movimiento sindical, rebajó los salarios por más de tres años. Lo que se perdió, alrededor de un salario mensual y medio, no se recuperó, y la mentada recuperación del nivel salarial del 2019 está por verse, cuando hay 500.000 trabajadores que ganan menos de $25.000, ha crecido el trabajo informal, los jornales solidarios miserables y la desocupación.

Este gobierno continuó y profundizó el proceso de reprimarización de la economía que ya venía incrementándose, dejando al país una grave crisis en la industria nacional. Se instaló UPM 2 con una escandalosa inversión estatal en infraestructura de 4.000 millones de dólares, se extendió a 80 años la concesión de la operativa del movimiento de contenedores a Katoen Natie un monopolio belga, haciéndose cargo el estado del dragado de 57 km por un valor cercano a los 500 millones de dólares.

Ahora se plantean el proyecto Neptuno que es un negociado donde las empresas promotoras ganarían cerca de 600 millones de dólares en 20 años por una obra que quieren imponer para la provisión de agua potable del Río de la Plata tomada desde Arazatí, en contra de la opinión de los científicos, los defensores del medioambiente y los trabajadores de OSE y los productores de la zona.

La Reforma reaccionaria de la Seguridad Social fue otra de las leyes fundamentales que impuso este gobierno, obedeciendo los mandatos del FMI, que aumenta la edad jubilatoria a 65 años, rebajando de hecho la tasa de remplazo, y que extiende las Afap a todas las cajas y a todos los trabajadores, independientemente del monto de su salario. Por ello la Unidad Popular apoyó firmemente y desde su gestación el planteo de Plebiscito que hizo ATSS, el sindicato de los trabajadores del BPS y apoyó el trabajo del Mondess. Ahora el plebiscito por volver la edad de retiro a los 60 años, aumentar las pensiones y jubilaciones mínimas al nivel del Salario Mínimo Nacional, luego de una gran campaña por las 430.000 firmas, está ya aprobado y será una lucha fundamental en estas elecciones de octubre. Sin vacilaciones ¡VOTAMOS SI!

Otra faceta de este gobierno reaccionario es la corrupción en gran escala donde muy seguido aparecen nuevos casos como Marset, Astesiano, varios, ministros, intendentes, etc.

En política internacional este es un gobierno extremadamente alineado a los imperialistas yanquis y a Israel, a pesar que busca el TLC con China, el principal comprador del país, que no denuncia el genocidio en Gaza mientras trata de dictaduras a Cuba y Venezuela mientras avala los bloqueos que sufren nuestros países y pueblos hermanos.

En síntesis, es un gobierno que ha realizado una embestida reaccionaria, que incluso busca hacer retroceder algunas conquistas de la lucha popular en el tema de los derechos humanos, el de la mujer y en la educación con la llamada “transformación educativa.

Ante esta situación hacemos un llamamiento a los trabajadores y el pueblo en general a votar en octubre, donde se elige el parlamento, a la Unidad Popular –Frente de Trabajadores para que recuperar una bancada de la izquierda de lucha consecuente, desde donde enfrentar las políticas de mayor explotación y entrega y desde donde apoyar todas las causas populares en nuestro país y a nivel internacional.

El fundamentalismo de las privatizaciones y la absolutización de las leyes del libre mercado arruinan al país y lo condenan a un estancamiento peligroso, profundizando la concentración de la riqueza y extendiendo la pobreza a niveles muy altos.

Por ello lo que la Unidad Popular propone es un programa que lo presentan auténticos protagonistas de la lucha social y política que se encuentran en los distintos ámbitos de la vida social y política del país y son parte de sus auténticos constructores, en el trabajo, en las profesiones, en la vida educativa, en la ciencia, en la salud, en la lucha por la vivienda, en el campo y en la protección del medio ambiente.

Todo ello es posible resolverlo, sin las ataduras que hoy constriñen la acción del país a una mayor dependencia y explotación social del imperialismo.

Nuestro país no puede resignarse a ser un mandadero de las potencias capitalistas que hoy controlan al mundo, ni tampoco base militar que otorgue servicios a tropas extranjeras; los conceptos de la soberanía y la ligazón con las luchas de los pueblos por un nuevo humanismo revolucionario deben ponerse a la orden del día también en nuestro futuro inmediato.

El programa que hoy ponemos a consideración de nuestro pueblo plantea las medidas de fondo, estructurales e imprescindibles para romper con la dependencia y desarrollar una economía soberana, sustentable y al servicio de las mayorías populares y no al servicio de la gran burguesía y el latifundio, del imperialismo y el capital financiero como viene sucediendo durante décadas en nuestro país.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO:

1) Deuda Externa

1.1-Deuda Pública: consolidando la dependencia económica y el subdesarrollo

Deuda Pública es el total adeudado por el Gobierno Central, empresas públicas, Gobiernos Departamentales y Banco Central.

El primer gobierno del FA, se inició, con una Deuda Pública Bruta en Uruguay que a diciembre del 2004 ascendía a U$S 13.931: (trece mil novecientos treinta y un millones de dólares) y el 31 de marzo de 2018 llegó a U$S 40.302: (cuarenta mil trescientos dos millones de dólares); casi se multiplicó por tres.

El gobierno de coalición de la derecha y la ultraderecha que se instaló en marzo del 2020 continúa aumentando la deuda pública. Según el BCU se registró en el último dato sobre la deuda pública difundido el 28 de junio de 2024 un monto de 56.312 millones de dólares para finales de marzo 2024. Entonces aumentó en 3000 millones durante el primer trimestre del año y un 50% en relación a los comienzos de la gestión del presidente Lacalle.

La Deuda Pública es un camino para continuar empobreciendo a los pueblos.

Es necesaria una Auditoría de la Deuda Pública para determinar si es legal, legítima, o ética. La Deuda Pública que estuviera en cualquiera de esas categorías no la tiene que pagar el pueblo de Uruguay, porque no fue contraída en su beneficio.

Auditar es controlar el origen de la Deuda Pública, y determinar cuál es la causa de cada saldo.

Mientras se realiza la Auditoría de la Deuda Pública es necesario establecer una Moratoria de la misma y de sus intereses, lo que implica no realizar pagos hasta la conclusión de la misma.

Proponemos la formación del "club de deudores" regional e internacional.

1.2-Deuda Pública ilegal

A modo de ejemplo: La Deuda Pública contraída en Uruguay en el periodo 1973-1985 no es legal ya que no fue contraída acorde a las exigencias legales, el gobierno no era legal y por lo tanto no se pudo endeudar de acuerdo al derecho. Además, con estos créditos se apoyó a un gobierno dictatorial que perjudicó a la población.

La Deuda Pública Bruta en ese periodo 1973-1985 creció de U$S 537: (quinientos treinta y siete millones de dólares) en 1973 a U$S 3.551: (tres mil quinientos cincuenta y un millones de dólares) en 1985. Aumentó U$S 3.014: (tres mil catorce millones de dólares). En el mismo periodo se perdieron Reservas Internacionales por U$S 1.031: (mil treinta y un millones de dólares) lo cual más los intereses de aproximadamente U$S 9.000, suma U$S13.045: que la población de Uruguay no debe.

1.3-Deuda Pública ilegítima

Es la Deuda Pública que no se contrae en beneficio de la población. A modo de ejemplo ocurre esto cuando el Banco Central del Uruguay y el Gobierno Central asisten a los bancos cuando entran en crisis.

Las autoridades nacionales asistieron a los bancos en las crisis de los años 1982 (U$S 909:) y 2002 (U$S 4.157:).

1.4-Deuda pública inmoral

Cuando se permite la entrada sin restricciones a los capitales especulativos que llegan a Uruguay por los altos intereses que obtienen. Para evitar que con ese incremento de la oferta de dólares el precio del dólar caiga demasiado el BCU compra dólares y posteriormente se endeuda emitiendo la Deuda Pública para retirar los pesos del mercado interno para que no genere inflación. Los intereses de esta deuda los tiene que pagar la población. Así se generó importante Deuda Pública principalmente en Unidades Indexadas

1.5-Reservas Internacionales

Se crean Reservas Internacionales que provienen de compra de dólares que ingresan al país y por los cuales se pagan intereses. Los hechos demuestran que estas Reservas fueron exageradas con alto costo para la población.

Corresponde auditar esta Deuda Pública que en su mayoría no fue contraída en beneficio de la población. El Estado de Uruguay no debe U$S 56.312: pero continúa pagando intereses por esa cifra.

2) Rechazo de las Cartas de Intención con el FMI, Banco Mundial, BID y otros organismos al servicio del imperialismo y las multinacionales

Denuncia y eliminación de todos los Acuerdos lesivos de la soberanía nacional y los intereses populares, suscritos por los actuales y anteriores gobiernos, tales como el Tratado de Promoción de Inversiones con EEUU (TIFA), los tratados con Finlandia y España, los TLC suscritos con varios países (México, Chile, etc.) así como otras disposiciones. En particular eliminar la integración del Uruguay al mecanismo del CIADI, para el arreglo de las diferencias con relación a la inversión extranjera, por ser el mismo un instrumento del Banco Mundial al servicio de las mismas. No a los TLC, si a los acuerdos comerciales de mutua conveniencia, que protejan la industria nacional.

3) Estatización de los bancos privados

3.1-Banca privada extranjerizada y concentrada

Se liberó el mercado financiero a partir de 1974, donde se permitió realizar depósitos bancarios de residentes y no residentes en moneda extranjera. En la década de los años 1970, comenzaron a ingresar a Uruguay los bancos privados extranjeros.

3.2-Crisis bancarias

En las crisis bancarias de 1982 y 2002 los bancos fueron socorridos por el Gobierno de Uruguay. Esto significó que la población de Uruguay le entregó al sistema bancario en la crisis en el año 1982 U$S 909: (novecientos nueve millones de dólares) y en 2002 U$S 4.157: (cuatro mil ciento cincuenta y siete millones de dólares). Este dinero no fue devuelto por el sistema bancario sino que hoy forma parte de la Deuda Pública y continúa generando intereses.

Estos son algunos de los altos costos que tuvo la población de Uruguay a causa del sistema bancario privado. Si los bancos fueran estatales es probable que no hubieran arriesgado los créditos como lo hicieron y no se hubieran generado esas crisis, con abultados costos.

3.3-Creación de dinero

Los bancos crean dinero mediante el crédito bancario, prestando varias veces el mismo dinero: este dinero que crean se llama técnicamente cuasidinero.

También crean dinero con la emisión de cheques o mediante las tarjetas electrónicas.

3.4-Pérdida de señoreaje

Esa creación de dinero limita la emisión monetaria del Banco Central del Uruguay (BCU). Al emitir menos dinero el BCU pierde la ganancia por emisión ya que un billete de $ 2.000 tiene un costo de $2… para el BCU. Esta importante ganancia por emisión de dinero que asciende a $1.998… por cada billete de $ 2.000 se llama señoreaje y la pierde la población.

Si los bancos fueran estatales la generación de dinero beneficiaría al Estado y no a los bancos privados. Los bancos privados limitan la ganancia por señoreaje que es fundamental para el desarrollo de la sociedad y economía.

3.4- Soberanía Monetaria

Eliminar las barreras que limitan la emisión monetaria y por consiguiente la ganancia que obtiene el Estado por esa emisión.

El tipo de cambio no lo debe determinar el mercado.

Se debe eliminar el Atraso Cambiario que no sólo impide la inversión nacional sino que está obligando al cierre de unidades productivas.

3.5-Bancos Privados transnacionales

Los bancos privados en su mayoría son transnacionales, su ganancia la llevan al exterior en dólares en lugar de invertirla en el desarrollo nacional. Doble pérdida: ganancias que se podrían reinvertir, y pérdida de dólares.

3.6-Secreto bancario

Es necesario eliminarlo porque no está al servicio de la población.

3.7-Intereses por créditos bancarios

Determinar claramente los intereses máximos que pueden cobrar los bancos, actualmente son muy elevados de acuerdo a la inflación y a los intereses internacionales. Esto incluye poner topes máximos para los intereses de mora que actualmente son muy elevados.

3.8-Inclusión financiera

Se debe eliminar la obligatoriedad, que no existe en ningún país del mundo, y estas ganancias deben pasar a manos del Estado.

3.9-Eliminación de las AFAPS

Se crearon nuevos intermediarios que responden a los intereses de los bancos privados. Las Afaps se apropian de los aportes de los trabajadores ( el acumulado a 2024 son aproximadamente 24 mil millones de dólares) que deben volver a manos del Estado, para financiar una Seguridad Social Universal, Integral, Estatal, Justa, Solidaria , sin lucro ni Afaps.

Es necesario eliminar las pérdidas que tiene la población a través del sistema bancario, y que las ganancias que obtienen pasen a manos del Estado.

3.10-Calificadores de Riesgo

Rechazar la injerencia de calificadores de riesgo, que son parte del mismo capital financiero internacional.

4) Estatización del comercio exterior

Implica que el Estado reciba los dólares de las exportaciones y a su vez controle y autorice las importaciones.

Así se podrá determinar el uso de los dólares que ingresan al país de manera de regular las importaciones y no tener Balanza Comercial deficitaria.

Actualmente las exportaciones están en manos de transnacionales que no sólo retiran los dólares del país, sino que también retiran sus ganancias y no son reinvertidas. Se frena de esta manera la fuga de capitales y de divisas.

5) Reforma Tributaria y subsidios al gran capital

La tributación en Uruguay, en los quince años de gobierno del FA tuvo cambios que consolidaron y agravaron la desigualdad social y económica, lo que se ha mantenido y profundizado durante el gobierno de la coalición de derecha.

Los objetivos del Sistema Tributario deben ser obtener ingresos para cubrir el presupuesto nacional redistribuyendo la riqueza y proporcionando recursos para desarrollo social y de los sectores de la economía que no ha desarrollado el mercado.

Actualmente: El que gana más no paga más, los trabajadores y pasivos pagan impuestos por sus remuneraciones –que las autoridades llaman impuesto a la renta– en cambio las transnacionales se instalan en zona franca y no pagan impuestos.

Desde el año 2009 al 2013 salvo el 2012 la Dirección General Impositiva recaudó más por Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), –ganancias de las empresas– que Impuesto a la Renta de Personas Físicas cat II (IRPF cat II) más el Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social (IASS). A partir de 2014 hasta hoy se recauda más por la suma del IRPF y el IASS que por IRAE. Pagan más impuesto los trabajadores y pasivos que las empresas. Se agrava la inequidad. Esta inequidad aumentó notoriamente en el año 2017.

Del informe anexo a la Rendición de Cuentas “Estimación del gasto tributario en Uruguay 2020-2023” elaborado por la Dirección General Impositiva (DGI) y del cálculo de diversas fuentes se debe saber que:

Las exoneraciones de impuestos que benefician al gran capital, promedian 3916.19 millones de dólares anuales, entre 2016 y 2023.-

En 2023 se verificó la mayor renuncia de recaudación impositiva de los últimos años en relación al tamaño de la economía.

La pérdida de recaudación fue de US$ 3.355,8 millones en 2016 ;en 2017 la resignación fiscal fue de US$ 3.885,01; en 2018 la renuncia fiscal alcanzó a US$ 3.933,32 ; en 2019 el gasto tributario fue de US$ 3.555,09; en 2020 a US$ 3.129,49 millones. En 2021, la renuncia fiscal totalizó US$ 3.592 millones, lo que representa el 6% del PIB. En 2022, el gasto tributario fue de US$ 4.588,3 millones, que significaron 6.4% del PIB y, finalmente, en 2023 la renuncia fiscal alcanzó a US$ 5.290,5 millones, que representaron 6,85% del PIB.

En 2023, el IVA y el IRAE acumularon casi de 70% del gasto tributario.

Además de estos dos, los tributos incluidos en el reporte son: el IRPF, el Impuesto al Patrimonio (IP), el Impuesto Específico Interno (Imesi), el Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR) y el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP), el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) y el Impuesto de Primaria.

La recaudación principal de DGI es el IVA –impuesto al consumo– le sigue IRPF+IASS, a estos el IRAE y a continuación el IMESI. La recaudación de IRPF+IASS es un 20% superior al IRAE. Nunca había ocurrido esta inequidad. La presión tributaria sobre el pueblo trabajador y la pequeña y mediana producción nacional es una de las mayores del mundo.

Para resolver estas desigualdades proponemos:

1) Eliminar el IVA del 10% para los alimentos, que en realidad son alimentos de primera necesidad y el IVA perjudica a las personas de menores ingresos.

2) También eliminar el IVA de las tarifas públicas y a la atención médica.

3) Eliminar el actual sistema de exoneración y promoción de inversiones y promover sólo las inversiones productivas.

4) Eliminar el régimen de zonas francas y promover en cambio la instalación de industrias que luego de algunos años de exoneración sean propiedad estatal.

5) Eliminar el impuesto a las pasividades (IASS). No se justifica el cobro de impuestos a las pasividades

6) Restablecer el Impuesto a los Activos Bancarios (IMABA) que permitió recaudar un promedio de U$S 93: por año.

7) El IVA tasa máxima de Uruguay del 22% es el mayor de América Latina y superado por pocos países en el mundo, por lo cual corresponde reducirlo. El IVA es un impuesto regresivo, pagan más en proporción las familias de menores recursos.

8) Eliminar el IRPF.

5.1-Eliminar Zonas Francas

Una de las causas del Déficit Fiscal son los subsidios otorgados a las empresas que se instalan en Zona Franca.

No se ha evaluado el resultado de su funcionamiento. Son verdaderos paraísos fiscales.

Adelantamos nuestra visión: con la instalación de estas empresas no se ha recaudado ni el equivalente a los subsidios porque el Déficit Fiscal continúa creciendo.

Los subsidios se deben otorgar cuando hay superávit, y además cuando generan un retorno evidente, lo cual no sucede. Por lo tanto es necesario eliminar las zonas francas.

5.2-Impuesto al uso de rutas y caminos

La exoneración de las empresas que se instalan en zona franca es un verdadero subsidio, las empresas instaladas allí retiran las ganancias al exterior. Estas empresas generan costos a la población como ocurre con el deterioro de las rutas y caminos que luego paga la población.

Mientras estén funcionando es necesario cobrarles por el uso de las rutas y caminos nacionales.

5.3- Revertir los costos de la contaminación

Las producciones agropecuarias e industriales están contaminado el ambiente, los cursos de agua están totalmente contaminados con fósforo y otros agroquímicos, también alimentos como la miel contaminados con glifosato.

Es necesario entonces que la población no pague con su dinero la descontaminación, aunque ya lo está pagando con su salud.

Los apicultores no pueden vender su producción aún a un precio mínimo, la contaminación la están pagando ellos.

Proponemos la implementación de medidas impositivas para quienes importen y utilicen agroquímicos de síntesis en tanto se avanza en la prohibición total de los mismos; simultáneamente se otorgarán beneficios fiscales a la importación y producción nacional de biopreparados e insumos para el control biológico de plagas.

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