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Unidad Popular rechaza decreto contra manifestaciones callejeras

28/3/2017

 

 

Declaración de la Unidad Popular contra el decreto “antipiquetes”

 

Manifestamos nuestro más enérgico rechazo al decreto 76/017 que sancionó el gobierno seudoprogresista del Frente Amplio, el 20 de marzo, y que permite a la policía dispersar cualquier manifestación popular que corte calles, sin orden judicial y con el argumento de garantizar la libre circulación.

 

Con este decreto se limita el derecho de reunión (art. 38 de la Constitución) y a la libre expresión (art. 7 sobre la libertad y específicamente la libertad de protesta). La Constitución establece que sólo se pueden limitar derechos y libertades a través de una ley fundada en el interés general (art. 7 inciso 2). Por lo tanto, el decreto es inconstitucional. Más grave aún es la posibilidad de recurrir a otros organismos públicos (art. 1 del decreto), donde por ejemplo podrían entrar las Fuerzas Armadas a pedido del Ministerio del Interior.

 

El artículo 4 del decreto  establece que éste no se aplicaría en caso del ejercicio del derecho de huelga, pero el texto es demasiado vago, lo cual le da un margen de discrecionalidad al gobierno para reprimir las manifestaciones sindicales. Así pasó con trabajadores del SUTCRA, el 21/3, a quienes se detuvo por hacer una asamblea en una ruta.

En los hechos este decreto va contra la actividad sindical y otro tipo de manifestaciones populares en un momento donde persiste la crisis económica, con cierres de fábricas, se perdieron 50.000 puestos de trabajo en 2 años, se agrava la situación social del pueblo y se viene la Rendición de Cuentas, con ajuste fiscal y rebaja salarial.

 

Se profundiza con este decreto al estilo del “pachecato”, el espíritu represivo de la Ley de Procedimiento Policial de 2008, usada por la policía para “disuadir” una manifestación de trabajadores del transporte frente al Ministerio de Trabajo en 2011, o las amenazas (“disuación”)  en un piquete del FOICA, en el puerto de Montevideo en 2010. Este decreto busca “blanquear” este tipo de actuaciones con un sustento jurídico.

 

El gobierno quiere dar una señal de mano dura a UPM, con la que negocia la  instalación de su segunda mega-planta contaminante, de celulosa, y a los monopolios imperialistas que potencialmente puedan hacerlo.

 

El gobierno proimperialista del Frente Amplio se prepara para imponer su política antiobrera y antipopular con más represión. Hay sectores del FA que vienen acompañando el conjunto de esa política desde el 2005 y que se quieren distanciar de la cara represiva para no perder su base social, pero esta es inseparable de esa política económica y social, y estos sectores son también  responsables de ella.

 

Desde la Unidad Popular llamamos al pueblo oriental a resistir con lucha este decreto represivo y desarrollar la lucha por todas sus reivindicaciones en el camino hacia un auténtico gobierno antiimperialista y popular.

 

UNIDAD POPULAR –AP

27 de marzo de 2017

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